**Urge coordinación con los municipios que garanticen resultados benéficos e integrales en materia de impuestos para artistas escénicos locales
TIJUANA BC, 27 de diciembre de 2021.- A casi 60 días del nuevo gobierno en Baja California, la primera mandataria del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, de la mano de la historia cultural de nuestra entidad, así como de su equipo de trabajo en dicha materia, retomó prácticas que en el pasado hicieron mucho bien al desarrollo artístico y cultural del estado, como lo son el Foro Estatal de Consulta Ciudadana «La Cultura por delante» y hoy día, el Decreto de Exención del 100% de impuestos, sobre diversiones y espectáculos públicos.
Cabe mencionar que ambas iniciativas tuvieron su origen en gobiernos pasados. En el caso de lo que ahora nombraron «Primer Foro Estatal de Consulta Ciudadana la Cultura por delante»; administraciones pasadas como la de Eugenio Elorduy Walter, la de José Guadalupe Osuna Millán, quien además gestionó y creó una infraestructural cultural sólida para Baja California a través de la instalación física y operativa de todos los Centros Estatales de las Artes, fue el primer gobernador en impulsar y aplicar por primera vez en el estado la Exención del 100% de impuestos a toda la actividad escénica de la localidad; no así a espectáculos de índole comercial de artistas o bien producciones de talla nacional e internacional.
Lo mismo sucedió en la administración del exgobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, dándole a la comunidad artística-escénica del estado un impulso a su actividad y desarrollo profesional durante 12 años ininterrumpidos.
En la pasada administración, poco o nada se hizo por mantener vigente dicho decreto, que aún pese a pandemia, bien hubiese podido dar continuidad a dicho desarrollo. Por otro lado los Foros Culturales de Consulta Ciudadana, son también una práctica del pasado, que solo han quedado en eso, en práctica, pues son pocas las propuestas que provienen directamente de ciertos líderes artísticos los que alcanzan un eco hacia las instituciones establecidas, y generalmente cuando resultan, se benefician sólo a unos cuantos.
De todos es sabido, que la pasada administración puso un alto al desarrollo artístico, desde el momento que el anterior mandatario confundió la práctica creativa de todas las disciplinas artísticas, con la necesidad del conocimiento histórico y la práctica cívica de la ciudadanía, sumado al mismo desconocimiento de Jaime Bonilla sobre la profesionalización, el desarrollo, las prácticas de colaboración entre instituciones culturales y la comunidad artística, así como la nula identificación del gremio en la entidad.
De acuerdo al protocolo sostenido esta mañana, por parte de la gobernadora Marina Del Pilar Avila Olemda, la misma mandataria habló de un «nuevo inicio» para la comunidad artística de la región, a lo que yo llamo una reactivación de beneficios instituidos en el pasado que se retoman de una manera inteligente, sin embargo no hay que ignorar que independientemente de la perene colaboración entre comunidad artística y cultural con las instituciones, la primera cuenta con práctica creativa, oficio y labor de forma independiente, y que algunos que son parte de ella ahora gozan de subsidios federales y estatales. Por cierto, los organizadores del protocolo para la mención de la Exención del Impuesto puso a disposición de la comunidad artística y cultural del estado transporte institucional que les permitiera estar presentes en esta mención de reactivación del decreto, misma que se llevó a cabo en el Centro Estatal de las Artes de la capital del estado.
Llama la atención la ilegible radiografía que los integrantes del panel tienen sobre la situación actual de la comunidad cultural, pareciera que este retomar de acciones en cuanto al decreto fuera la solución a los recientes abusos que en los últimos meses de este 2021 se han venido dando por parte de la estructura municipal en relación a la actividad escénica.
Tan solo en Tijuana, se les ponen trabas a las agrupaciones artísticas, así como a los gestores y promotores culturales para la generación del permiso municipal obligatorio y cuyo costo oscila entre los $4,000.00 y los $5,825.00 pesos por espectáculo local a presentar, sumado a una fianza que va de los $1,500.00 a los $3,000.00 pesos por espectáculo, el pago por policía comercial que va de los $1,500.00 a los $5,400.00 pesos, sumado a su vez al 5% que de la entrada de taquilla se debe retribuir al municipio por cada agrupación que no se ostente como Asociación Civil registrada y por lo tanto está obligada a pagar; además de asumir el costo del tiempo de cada interventor, que en el caso de los municipales tienen un costo de $800.00 pesos.
Así, este decreto solo avala el hecho de que las agrupaciones escénicas locales deberán gestionar la solicitud de exención de impuestos estatales, que hasta este mes de diciembre de 2021, estaban obligados a cubrir $860.00 pesos de honorarios por interventor estatal presente en cada espectáculo, así como el hecho de retribuir al estado el 5% de la entrada de taquilla por presentación artística.
De acuerdo con lo anterior, y en el utópico devenir de una colaboración a conciencia entre estado y municipio, el verdadero ganar-ganar entre comunidad artística e instituciones estribaría en poder llegar a un acuerdo que exente, en la medida de lo posible, de impuestos la actividad escénica local también en el ámbito de lo municipal, mientras que las instituciones obtendrían un beneficio económico a través de los diferentes convenios con los artistas escénicos, que van desde la renta de los espacios, convenio de colaboración 70/30, o bien tarifa proporcional según número de asistencia; sin contar el arduo trabajo que desde siempre los artistas realizan por reactivar la ampliación y diversificación de audiencias para la escena bajacaliforniana, mismo que debe compartirse a su vez con las instituciones culturales a través de un trabajo conjunto con los artistas, gestores y promotores culturales.
Así que, para celebrar el gane de una guerra, primero hay que librar muchas batallas. Hay aún un trabajo urgente de coordinación pendiente entre estado y municipios, que de como resultado un beneficio integral, en el caso de los impuestos para los espectáculos que estén producidos por la comunidad escénica local, cuenten o no, con la figura de asociación civil.
